En plena crisis económica y social, con el estigma de la corrupción política y el desasosiego ciudadano, los principales referentes políticos del estado buscan, sin disimulo ni pudor, sacar tajada de cualquier resquicio que encuentran.
No hay democracia sin libertad de opción y millones de ciudadanos no podrán optar por su partido con la modificación de la ley electoral. La reforma reinterpreta arbitrariamente el art. 68 de la Constitución para impedir el voto de 1,3 millones de españoles residentes en el extranjero. Además, se endurecerán los requisitos para presentar candidaturas con la excusa de que hay partidos que se presentan para obtener el censo electoral, para disfrutar de espacios gratuitos de publicidad o recibir subvenciones destinadas al mailing electoral.
Es evidente que los políticos tradicionales ya no están a la altura de los tiempos. Ni siquiera tienen buena demagogia. Son parte de un sistema que se cae. Para empezar, ellos son los primeros en beneficiarse de la obtención del censo para bombardear a los ciudadanos con su propaganda. Los partidos pequeños no tenemos recursos. Ellos disfrutan de la mayor parte del tiempo de publicidad gratuita electoral relegando a los minoritarios al horario más intempestivo. En realidad, no quieren disminuir estos espacios gratuitos (lo que se justificaría como reducción de gasto) sino aumentarlo incluyendo a las cadenas privadas y copándolo con sus caretos.
El argumento de las subvenciones es directamente un insulto a los pequeños partidos. El Estado (es decir, nosotros con nuestros impuestos) solo subvenciona a los partidos con escaño. Solo en 2010 el PP ha obtenido 36 millones de euros de subvención y el PSOE 34 millones. Tanto la Ley de Financiación de Partidos como la Ley Electoral están pensadas para evitar que ninguna nueva opción política, si no está avalada por los intereses del gran capital, pueda acceder a la escena política. Son, por tanto, leyes que limitan la libertad de opción de los ciudadanos, leyes antidemocráticas.
El aumento de la abstención, fruto del descrédito político que ellos han generado, ha propiciado que las votaciones sean cada vez más reñidas. Los partidos minoritarios somos cada vez más y concentramos también una mayor suma de votos. Son varios diputados, consejeros o concejales los que pueden bailar de un lado o del otro, y eso es lo que PSOE-PP quiere obtener a toda costa.
El Partido Humanista denuncia toda ley o subterfugio legal que impida o dificulte el derecho de todo ciudadano a elegir o ser electo en sufragio democrático. Los humanistas exigimos la derogación de la actual Ley Electoral y proponemos avanzar hacia una democracia directa y verdadera.
Las bases de una democracia real (y no formal como la actual) son:
- Una verdadera independencia de poderes. El Partido Humanista propone la elección directa de los jueces para evitar, entre otras cosas, situaciones esperpénticas como la que está viviendo el Juez Garzón.
- Igualdad de oportunidades. La Ley Electoral debe garantizar que todos los partidos tengan las mismas posibilidades obligando a los medios de comunicación a otorgar exactamente el mismo tiempo a cada opción.
- Representatividad de las minorías. Se debe impedir cualquier tipo de exclusión o discriminación de las distintas minorías que habitan la circunscripción electoral garantizando su representación política.
- Responsabilidad política. Una ley debe obligar a los candidatos a cumplir sus programas electorales.
- Consultas populares. Implementación de referéndum vinculante sobre temas de interés general para la ciudadanía y la consulta directa por medios electrónicos.
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